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La Fundación envió nota al Colegio de Veterinarios de Tucumán, quien se opone a la atención de los animales en situación de calle y a las castraciones masivas y gratuitas! 

Señores Autoridades de “Colegio Público de Veterinarios de San Miguel de Tucumán

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de directivos de la  Fundación por los Derechos Animales no Humanos , con el patrocinio  letrado de la Dra Carla Verde, Mat.T.113 F 679 CPACF, y toda vez que  esta parte ha tomado conocimiento de la solicitada que fuera publicada  en el Diario “La Gaceta” el día 04/03/2018  titulada “Castraciones  masivas de mascotas a bajo costo”, venimos a manifestar repudio contra  los dichos expresados por el Colegio de Veterinarios de Tucumán.

En primer lugar, en la solicitada (cuya autoría física se desconoce)  se hizo referencia a “…las reiteradas denuncias recibidas por  complicaciones en castraciones masivas de mascotas a bajo costo,  organizadas por grupos de personas y organizaciones proteccionistas”.  Sin documentación que constaten presuntos hechos.

Sobre ello debo adelantar que las castraciones masivas a bajo costo, o  incluso gratuitas, perpetradas por grupos proteccionistas de animales,  DEBEN ser llevadas a cabo por la ineficiencia en las medidas estatales  de control poblaciónal. Es decir, cualquier organización en pos de los  derechos de los animales NO debería ocupar el rol del Estado para llevar  a cabo esterilizaciones sistemáticas y gratuitas.

Sin embargo, lo cierto es que ante las políticas estatales precarias,  y en consecuencia, la superpoblación de animales en las calles, las ONG  se encuentran obligadas a reemplazar (en la medida de sus  posibilidades) al gran ESTADO.

Ahora bien, aunque el presente planteo carezca de toda lógica  razonable, las agrupaciones animalistas nos ofrecemos voluntariamente  para paliar la ausencia del Estado y llevamos adelante campañas masivas  de castraciones a bajo costo, o de modo gratuito.

Sin perjuicio de ello, y aun cuando NO resulte nuestra labor  involucrarnos en las mentadas tareas (luego de superar tareas de  logísticas, de recaudación de fondos y demás) lo cierto es que también  debemos luchar contra otro tipo de obstáculo: los Colegios Públicos de  Veterinarios.

Y sobre ello, es importante remarcar la constante contradicción entre  los intereses de las asociaciones protectoras de animales y del Colegio  de Veterinarios, pues, las autoridades de éstos últimos NO deberían  oponerse a las medidas a favor de las organizaciones sin fines de lucro  en pos de los derechos de los animales.

Máxime aun cuando aquellas prácticas favorables tendientes a evitar  la múltiple reproducción innecesaria entre animales los que jamás  tendrán un hogar y que morirán) son cuestionadas y tachadas de ilegales  por quienes supuestamente deberían proteger a los animales. O al menos  ello se deduce de su ley Nro. 6661 y su reglamento.

En segundo lugar, la mentada solicitada se refiere a que las  castraciones masivas sólo podrán ser llevadas a cabo en consultorios y  clínicas habilitados para tal fin como así también en reparticiones  oficiales y trailers sanitarios de la provincia y/o municipalidades.

Ello carece de toda lógica, pues, los trailers sanitarios (o móviles)  tampoco estarían habilitados, para realizar cualquier tipo de cirugía  de riesgo. Entonces, ¿Por qué discriminar entre el Estado y las  organizaciones proteccionistas de animales?

Claro está, hay un interés económico que define la cuestión, y lo  llaman “competencia desleal”. Y es así como se acusa y se persigue a los  veterinarios voluntarios de llevar adelante las campañas de castración  en conjunto con las fundaciones.

Además, deberá tenerse en cuenta que las habilitaciones de los  locales veterinarios están estipuladas para prácticas permanentes, y no  eventuales y rotativas como son las campañas de castración (que para  resultar eficientes, deben llegar a cada rincón de cada lugar)

Por otro lado, tampoco se han propuesto medidas alternativas de  solución para acompañar a las asociaciones, si no que el Colegio  simplemente se limitó a oponerse a las políticas de prevención:  esterilizaciones, vacunación antirrábica, desparasitación interna y  externa, emergencias, accidentes, y demás.

De este modo, es dable deducir que la cuestión humanitaria y de ética  profesional se deja a un costado cuando se abandonan a los animales en  situaciones de riesgo o de crisis poblacional.

Y ello no es todo, pues, no hay que olvidarse de la salud pública y  de la convivencia directa entre los animales no humanos, y los humanos.  ¿De quién será la culpa cuando las zoonosis se salgan de control?

Por otra parte, y en relación a lo dicho por las pasibles sanciones a  los veterinarios que participen de las campañas de castración a bajo  costo, ello implica una incursión de “pesca” sobre profesionales que, al  menos, demuestran un interés humanitario, profesional y ético por la  vida y salud de los animales.

Pues, al menos aquellos veterinarios no se encuentran exentos de la  realidad de la superpoblación animal y sus consecuencias, y de la  ausencia de políticas estatales y de servicios públicos veterinarios.

Los veterinarios que colaboran con las mentadas campañas, no  incumplen con lo estipulado en la ley nro. 6661 y su reglamento, si no  que respetan los derechos de los animales no humanos, previenen  enfermedades, zoonosis, la salud e integridad física e impiden el  nacimiento de más perros y más gatos que jamás encontrarán un hogar.

No obstante todo ello, las expresiones repudiables del Colegio son  constantes, reproducciones de la larga lucha de las asociaciones no  gubernamentales que entran en colisión con los intereses económicos del  ejercicio de la profesión veterinaria. Pues, la cuenta es fácil: más  castraciones gratuitas menos dinero para el bolsillo de los  veterinarios.

En este mismo orden de ideas, los colegios públicos de abogados  deberían oponerse a los defensores oficiales gratuitos provistos por el  Estado. Sin embargo, los mismos colegios públicos de abogados obligan a  sus afiliados a aceptar casos gratuitos (“pro bono”).

A modo de ejemplo y reflexión… “Los problemas comenzaron en 1988  cuando el Círculo de Veterinarios de San Martín, Prov de Bs As,  manifestó su preocupación por las actividades que realizaba el  Departamento Municipal de Zoonosis. Fue la primera de una serie de  protestas ante la Intendencia, cuando en representación del Círculo de  Veterinarios, Eduardo Iñesa y Aldo Vezzaro sostuvieron que las cirugías y  las consultas veterinarias realizadas en el antirrábico perjudicaban la  actividad privada.

La Municipalidad respondió que esos servicios permitían el control de  la población animal pero tales argumentos no acallaron las quejas.”

Por último, repudiamos las expresiones vertidas ya que resultan  contradictorias con los derechos de los animales, los cuales deberían  proteger y no transgredir.

Sin más, saluda atte.

Mary Antúnez

Pte Fundanh, pers. Juríd. 3103