Del delito a la contravención

Como miembros de una ONG, le acercamos nuestras propuestas con relación al control ético y -a la vez- eficaz de la población de animales domésticos, a fin de que ellas puedan ser plasmadas en el ordenamiento jurídico nacional mediante la sanción de normas correspondientes.

Adjuntamos referencias a antecedentes y experiencias llevadas a cabo en otras comunidades con relación a la esterilización como forma de control de la superpoblación animal. Experiencias que -en definitiva- no hacen más que dar cumplimiento a los requerimientos de la comunidad.

Es de destacar que la población ya está concientizada acerca de la esterilización como método eficaz y a la vez ético para evitar la superpoblaciòn de animales domésticos, pero en su mayoría se ve imposibilitada de realizarla debido a los altos aranceles privados: éstos suelen superar en un 1000 a un 3000% los costos de las drogas e insumos necesarios.

Las proyecciones señalan que al cabo de pocos años de castración sistemática se controlará total y definitivamente la superpoblación de animales domésticos, constituyendo esto – al mismo tiempo- un real y efectivo control de las zoonosis (enfermedades transmisibles al ser humano), y evitando a la vez el abandono de animales y su posterior muerte por diversas consecuencias.

En este sentido, la inexistencia de una normativa clara ha permitido que se introduzcan perturbadoramente en el seno de la sociedad quienes pregonan y aplican su “solución final”.

Pero la comunidad ha comenzado a comprender en estos años que en esa ‘solución’ está el problema y que la desasertada insistencia en seguir aplicándola responde a motivaciones de estrictos intereses mezquinos de pequeño sector privado – monopòlico- reñido con la ética, con la defensa de la Salud Pública y con los intereses de la comunidad en su conjunto.

Precisamente, en las últimas décadas han quedado al descubierto tanto los sectores que pugnan por mantener las políticas de exterminio como sus verdaderas motivaciones. Se trata de tres sectores que confluyen en este mismo objetivo, aunque cada uno por sus propios, pequeños y mezquinos intereses.

En primer lugar, algunas sociedades “protectoras” que -aferradas a su obsoleta ideología- se niegan a abandonar su vieja y anti-ética práctica, disfrazándola de “piedad”. A nadie se le ocurriría sugerir que para evitar el sufrimiento de tanto mendigo o chico de la calle lo mejor que podemos hacer es matarlos. Sin embargo, por este camino transitan (a veces por ignorancia, mesianismo y/o intereses económicos) algunas personas e instituciones que se dedican a “mitigar” el sufrimiento de los animales… con la muerte. Esas personas e instituciones –curiosamente- se autodenominan: “protectoras”, “amigas” o “defensoras de los derechos” de los animales y –a veces- hasta invocan “sarmientina” inspiración.

En estos casos a los delitos contra los animales (violación de la Ley 14346) se les suma la estafa moral, ya que quien se presenta ante la sociedad como el protector, es –en realidad- el verdugo.

El escándalo que provocó a mediados de 1990 el descubrimiento de un centro de exterminio de perros y gatos a cargo de una conocida “protectora”, sirvió para abrir los ojos a la sociedad: existen quienes se arrogan el derecho de matar porque el Estado también mata.

En segundo lugar (aunque no por menos importante) encontramos al gremio veterinario, que –actuando en forma corporativa- considera que los intereses de la comunidad toda se encuentran por debajo de sus intereses económicos sectoriales. Así, se oponen sistemáticamente a que el Estado brinde servicio público para animales, porque consideran que –si así lo hiciera- estaría incurriendo en “competencia desleal” con el sector privado, pero ocultan estos verdaderos motivos y los disfrazan de “cuidar la Salud Pública”.

Y -por último- los funcionarios ineficaces, a los que les resulta sumamente conveniente la presión ejercida por seudoprotectoras y por el gremio veterinario, ya que esto les posibilita seguir cómodamente adheridos a los usos y costumbres de sacarse “los problemas” de encima, en vez de trabajar. Y cuentan así con el beneficio agregado de una excelente coartada: resulta que las “protectoras” y los “profesionales veterinarios” los avalan, tanto en su accionar matador como en su inacción preventiva. En el caso de los funcionarios, el disfraz elegido es el de la falta de presupuesto. Se rasgan las vestiduras esgrimiendo razones de presupuesto exiguo cuando la propuesta es trabajar, pero malgastan inescrupulosamente (por partida triple) los recursos públicos. Es decir: olvidan rápidamente la falta de presupuesto a la hora de cobrar los sueldos sin brindar servicio, sabiendo que de esta manera (matando animales y no esterilizando, o no matando pero no esterilizando) los problemas se agravan y los costos se multiplican.

Los tres sectores mencionados ocultan cuidadosamente sus verdaderas motivaciones, recurriendo a diversos disfraces, y –así- llegaron a convencer a quienes no imaginaban que era preciso desconfiar de algunos que se presentan como “protectores” de animales. Y mucho menos imaginaban que se debía desconfiar de aquéllos que pretenden hablar desde “el saber”. Pero, cada vez más, va quedando en evidencia que el único motivo que los anima es la desesperación por dejar “protegidos” sus intereses (ni a los animales, ni a la Salud Pública, ni al interés de la comunidad en su conjunto, por supuesto).

Además, si con el sistema utilizado (matanza de animales sin dueño) la intención ha sido frenar el crecimiento poblacional, ello ha demostrado ser absolutamente ineficaz. El motivo es evidente: la muerte sólo ataca las consecuencias del problema, pero no las causas.

Nota: texto compartido-Autor: Maestro Roberto Echepare.